El Partido Popular de Ourense celebró este sábado en Xinzo de Limia la tercera de las jornadas organizadas por el Área de Vivienda del PP provincial, un encuentro en el que se puso de manifiesto el “caos inmobiliario” generado por el Gobierno de Pedro Sánchez, frente a las medidas “claras y contundentes” impulsadas por la Xunta de Galicia para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda.
La jornada tuvo lugar en la Casa da Cultura de Xinzo de Limia y contó con la participación del presidente provincial del PP, Luis Menor; el coordinador del Área de Vivienda del PPdeOU, Benito Iglesias; la concejala del Concello de Ourense, Sonia Ogando; y la directora territorial de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Pilar Fernández. En el acto de clausura también estuvieron presentes la secretaria general del PP de Ourense, Sandra Quintas, y la parlamentaria autonómica Cristina Campero.
Durante su intervención, Luis Menor insistió en la necesidad de derogar la Ley Estatal de Vivienda, al considerar que ha generado una “enorme inseguridad jurídica” y ha supuesto el “fracaso de la práctica totalidad de sus medidas”. Un escenario que, según afirmó, evidencia la “incapacidad” del Gobierno central para afrontar uno de los principales problemas de la ciudadanía, mientras que en Galicia el Ejecutivo autonómico, presidido por Alfonso Rueda, impulsa líneas de ayuda y programas “que facilitan el acceso a un hogar digno, accesible y adaptado a las necesidades reales de la población”.
Menor subrayó que la vivienda es actualmente “la mayor preocupación de la ciudadanía en España, en Galicia, en Ourense y también en Xinzo de Limia”, poniendo como ejemplo los datos expuestos durante la jornada: más de 4.300 viviendas vacías en el municipio antelano —el segundo de la provincia con más pisos deshabitados— y una oferta de alquiler prácticamente inexistente.
Según explicó, esta situación responde en gran medida a la falta de confianza de los propietarios, que “no se arriesgan” a poner sus viviendas en el mercado ante la inseguridad jurídica provocada por la normativa estatal, una circunstancia que afecta especialmente a jóvenes, personas mayores y trabajadores, limitando incluso la movilidad laboral.
El encargado de abrir la jornada fue Benito Iglesias, quien defendió que los gobiernos tienen la obligación de generar confianza entre los propietarios para movilizar vivienda vacía, algo que, a su juicio, “no está haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez”. Frente a ello, destacó las propuestas del PP, como la creación de más suelo, el impulso de vivienda protegida y la aplicación de rebajas fiscales.
Por su parte, Sonia Ogando alertó del grave perjuicio que la Ley Estatal de Vivienda está causando en el mercado inmobiliario, especialmente en el alquiler, y reclamó medidas que garanticen el cobro de las rentas, la seguridad jurídica y la posibilidad de reclamar daños. “Actualmente, nuestro ordenamiento jurídico no es capaz de garantizar el disfrute tranquilo y pacífico de la vivienda”, señaló.
Cerró las intervenciones Pilar Fernández, quien repasó las principales líneas de ayuda de la Xunta de Galicia, como el programa Fogar Vivo para movilizar vivienda vacía, las ayudas a promotores, los avales y apoyos a la juventud para la adquisición de vivienda, y las ayudas para la rehabilitación en el rural en municipios de menos de 5.000 habitantes, aprobadas recientemente por el Consello da Xunta. “Desde el PP y desde la Xunta de Galicia estamos comprometidos con soluciones reales para facilitar el acceso a una vivienda digna a quienes más lo necesitan”, concluyó.
