El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido una sentencia histórica que reconoce que las autoridades españolas y gallegas han vulnerado los derechos humanos de la población de la comarca de A Limia al permitir la grave contaminación provocada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas. La sentencia considera que esta inacción vulnera tanto la Constitución Española como el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La resolución judicial obliga a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a tomar medidas inmediatas para poner fin a los malos olores, la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno, y restaurar el pleno disfrute del derecho a la vida. "Los derechos humanos y la protección del medio ambiente son interdependientes", señala el fallo.
Durante el proceso, los peritos demostraron que los niveles de contaminación por nitratos superaban hasta 1.000 veces los límites permitidos, lo que supone un grave riesgo para la salud pública. También se identificaron bacterias resistentes a antibióticos, consideradas una de las diez amenazas más graves para la humanidad.
El caso fue impulsado por nueve demandantes, entre personas particulares y organizaciones como la Federación CECU, con el respaldo de ClientEarth y Amigas de la Tierra. Denuncian la permisividad institucional ante la expansión descontrolada de la ganadería industrial en la zona, que ha provocado la degradación del embalse, afectado a negocios locales y convertido en inviable la vida cotidiana en el entorno.
Pablo Álvarez Veloso, presidente vecinal y uno de los demandantes, celebró la decisión judicial tras años de lucha: "Hoy por fin nos han escuchado. Esta sentencia histórica nos hace más fuertes. No vamos a parar hasta recuperar el embalse como un espacio de vida".
Por su parte, Mercedes Álvarez de León, empresaria local y también demandante, lamentó el sufrimiento de los últimos años: "Nos trataron como una zona de sacrificio. Espero que esta sentencia marque un antes y un después en toda Europa".
Organizaciones como Amigas de la Tierra, CECU y ClientEarth coinciden en que esta sentencia sienta un precedente crucial para que otras comunidades afectadas puedan también exigir responsabilidades a las autoridades.
En los últimos 12 meses se sacrificaron más de 53 millones de cerdos en España, lo que convierte al país en el mayor productor de carne porcina de la UE. La expansión de este modelo ha estado impulsada por mercados de exportación y una regulación ambiental débil. La sentencia del TSXG lanza ahora un mensaje contundente: las instituciones tienen la obligación legal de proteger la salud pública y el medio ambiente.
