La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una Proposición no de Ley (PNL) impulsada por el Partido Popular, que insta al Gobierno a garantizar la seguridad en las zonas rurales como un derecho social fundamental y a detener el plan de reorganización de la Guardia Civil que, según los populares, supondría el desmantelamiento de cuarteles en el rural español.
La diputada del PP por Ourense, Ana Belén Vázquez, fue la encargada de defender la iniciativa, utilizando ejemplos concretos de la comarca de A Baixa Limia, para ilustrar la problemática. Vázquez denunció que, en una reciente madrugada, ninguno de los tres cuarteles de la Guardia Civil en la comarca ourensana se encontraba operativo.
La PNL aprobada exige al Ejecutivo central que mantenga abiertos los cuarteles de la Guardia Civil en el rural, dotándolos de mayor personal. Según el PP, la nueva estructura territorial que plantea el Gobierno podría llevar al cierre de hasta 585 puestos del instituto armado en áreas con baja densidad de población.
"No somos ciudadanos de segunda, merecemos la misma consideración que el resto de españoles; vivir seguros es bienestar social", reivindicó la diputada popular, quien además solicitó la reapertura de los cuarteles que se han clausurado en los últimos dos años. Vázquez señaló que, de los 2.370 cuarteles existentes en España, tan solo 314 permanecen abiertos las 24 horas del día, lo que representa un escaso 13% del total.
Durante su intervención, la diputada mostró carteles informativos de los puestos de Bande y Lobios, donde se indica que la presentación de denuncias presenciales solo es posible los lunes, miércoles y viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas, remitiendo a los ciudadanos, fuera de ese horario, a la aplicación Alertcops o a la vía telemática. El PP criticó esta situación, argumentando que no se tiene en cuenta la avanzada edad de muchos residentes en la España rural.
Otro punto destacado por Vázquez fue el estado "inhabitable" de muchos edificios de la Guardia Civil en el rural, a pesar de que, según sus datos, el Gobierno no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto destinado a inversiones en los dos últimos años. El Partido Popular también expresó su preocupación por la falta de personal en el cuerpo, señalando que solo un 10% de la plantilla de la Guardia Civil (unos ocho mil agentes) está destinada a zonas rurales.
El "desmantelamiento del Seprona" fue otra de las críticas vertidas por los populares. Ana Belén Vázquez denunció que existen mil plazas sin cubrir en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, citando casos como el de Ribadeo, donde una unidad con un cabo y una guardia civil debe cubrir 760 kilómetros cuadrados.
Finalmente, la diputada abordó el problema del absentismo en el cuerpo, mencionando datos presentados al Consejo de la Guardia Civil que indican que, de 77.427 funcionarios, 21.237 no trabajan diariamente. En Galicia, cifró la falta de agentes en mil al día.
