El grupo provincial socialista exigirá que la Diputación de Ourense solicite a la Xunta de Galicia asumir la financiación completa de los cinco conservatorios de grado profesional que hay en la provincia, ubicados en O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia.
"Durante años, nuestro grupo provincial ha demandado en los plenos de la Diputación que sea la Consellería de Educación, competente en la materia en el territorio gallego, quien se haga cargo del costo total de la prestación de este servicio", explicó la diputada socialista Elvira Lama.
Según ella, "es de justicia que, independientemente de su lugar de residencia, todas las niñas y niños de nuestra provincia tengan exactamente las mismas oportunidades que los de la capital para formarse musicalmente, por lo que los concellos, aunque se trate de una competencia impropia, se ven obligados a asumir la financiación de estos conservatorios, lo que supone una enorme carga para las arcas municipales".
Desde O Carballiño, donde los socialistas presentaron la moción, Lama destacó "el agravio comparativo que existe entre los conservatorios profesionales y el de Ourense capital, que sí es completamente sufragado por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia".
Una propuesta no atendida en 2019
El grupo provincial socialista ya presentó en diciembre de 2019 una propuesta de financiamiento de los conservatorios entre Xunta, Diputación y concellos. "Pero de aquel acuerdo, que contó con el voto favorable del PP y DO, nada más se supo", lamentó la diputada socialista. "Mientras tanto, los concellos siguen soportando los elevados gastos de estos centros de enseñanza, lo que supone una clara discriminación entre la capital y municipios con mucha menor capacidad económica", sostiene Lama.
Una carga económica para los municipios, considerando la propia Fegamp la importancia de garantizar la continuidad de estos centros que, situados en las cabeceras de comarca y ante la carencia de plazas suficientes, logran cubrir casi toda la demanda formativa.
La iniciativa del grupo socialista, en la modificación de crédito que la Diputación de Ourense aprobará en el próximo pleno, contempla una partida específica de 200.000 euros a repartir entre los cinco conservatorios profesionales de la provincia. En el caso particular del Carballiño, donde los socialistas presentaron su moción, el costo del conservatorio para el Concello asciende a unos 400.000 euros anuales, que tiene que asumir con recursos propios.
De esta manera, la aportación de la Diputación dista de cubrir los gastos reales de unas instalaciones que cuentan con un importante volumen de profesorado, además de los costos en bienes, suministros e instrumentos necesarios para cumplir con las necesidades del curso y con los imperativos de la legislación. "Un paso que es de agradecer, pero que es insuficiente para cubrir los costos reales de estos conservatorios", declara Lama, quien avanza que, mientras la Consellería de Educación no asuma íntegramente la financiación, seguirán trabajando para que la ayuda de la Diputación se consolide e incluso se incremente de manera gradual.
De una treintena, solo nueve los paga la Xunta
En Galicia hay más de 30 centros que imparten esta formación musical reglada, de los que solo nueve están sufragados por la administración autonómica. Los conservatorios profesionales de música que están en las cabeceras de comarca, y que son financiados exclusivamente por cada uno de los concellos en los que se sitúa el centro, también reciben alumnas y alumnos de sus respectivas áreas de influencia. "En el caso particular de O Carballiño, hasta aquí llegan alumnas y alumnos de toda la comarca, pero también de la propia ciudad de Ourense e incluso de áreas cercanas de las provincias de Pontevedra y Lugo", señala Diego Fernández, diputado provincial socialista y concejal de Cultura en la Vila do Orcellón.
Para Fernández, "tenemos que acabar con la discriminación actual para que no haya concellos de primera y de segunda, y que la Xunta se haga cargo de los conservatorios, avanzando hacia un modelo donde los municipios no tengamos que asumir competencias impropias y podamos reforzar aquellos servicios que sí entran dentro de nuestras competencias".
