El Tribunal Supremo ha emitido este jueves, 12 de febrero de 2026, una resolución judicial definitiva que marca un punto de inflexión en la historia medioambiental de la comarca de A Limia. El Alto Tribunal ha decidido inadmitir los recursos de casación presentados el pasado verano por la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, confirmando así, sin posibilidad de más apelaciones, la sentencia pionera dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en julio de 2025. Con este fallo, se ratifica judicialmente que la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia, derivada de la actividad descontrolada de la ganadería industrial, ha vulnerado derechos fundamentales de la población.
La providencia del Supremo otorga firmeza absoluta a la condena y la hace ejecutable de inmediato. El texto jurídico avala la tesis de que la inacción de las autoridades competentes ante la degradación ecológica de la zona supuso un ataque directo a derechos constitucionales básicos como el derecho a la vida, a la integridad física, al domicilio, a la vida privada, a la propiedad y al acceso al agua potable. La resolución se sustenta en una extensa base documental y científica que acredita que la contaminación por nitratos y la eutrofización —el crecimiento explosivo de algas por exceso de nutrientes— superan los umbrales de seguridad de la Organización Mundial de la Salud.
El Tribunal destaca en su escrito que esta situación genera un "riesgo cierto" para la vida, impide los usos recreativos y afecta gravemente a los abastecimientos de agua, perturbando la vida diaria de los residentes en el entorno del embalse. La noticia ha sido recibida con euforia por parte de los vecinos y las organizaciones demandantes, entre las que se encuentran Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Mercedes Álvarez de León, una de las demandantes, calificó la jornada de "día histórico" para quienes luchan por defender sus derechos mientras las administraciones "hacen oídos sordos".
En la misma línea se pronunció Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación vecinal local, quien recordó los años de lucha para proteger un patrimonio natural que pertenece a toda la población gallega. "Esta decisión refuerza que los derechos fundamentales van primero. Primero la salud, el agua limpia y una vida digna en nuestros pueblos", sentenció. La inadmisión de los recursos implica que tanto el Gobierno autonómico como el organismo de cuenca están obligados legalmente a establecer, sin más dilaciones, medidas efectivas para detener la degradación de As Conchas y restaurar el entorno. Desde las organizaciones ecologistas advierten que vigilarán el cumplimiento estricto del fallo para que la mejora en la calidad de vida de la Baixa Limia sea real y tangible.
